La fiabilidad y la elección de los peritos, unido a la interpretación que los jueces hacen de sus declaraciones, es actualmente uno de los mayores problemas del derecho sanitario. Reproducimos a continuación una tribuna publicada en Diario Médico sobre el tema:

“ Dentro de la problemática que suponen los juicios sobre posibles negligencias médicas, estamos acostumbrados a hablar de “inversión de la carga de la prueba”, “importancia de la historia clínica”, “vía penal, civil o contenciosa,” etcétera, pero posiblemente no insistimos lo suficiente en lo que es el mayor problema: los peritajes.

Cuando se asiste con frecuencia a juicios sobre negligencias médicas, se comprende fácilmente la dificultad del juzgador, lego en la materia, pero que debe decidir sobre la correcta actuación profesional del demandado. Es obvio que para llegar al veredicto se apoya en los peritajes que presentan las partes. De forma habitual, desconfía de aquellos peritos compañeros de los acusados y basa las sentencias en los informes de sus peritos, o sea, los forenses. Si a esto se añade una acusación particular con graves problemas para conseguir especialistas que testifiquen a su favor, nos encontramos con un problema grave, complejo, pero que necesita un planteamiento valiente por parte de todas las instituciones implicadas.

El mes de mayo pasado tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal de Cádiz la vista oral de un caso de posible negligencia médica. Se trataba de una enferma de 55 años de edad, sin antecedentes de interés, que fue intervenida de una hernia de disco. A la hora de la intervención se produjo una hipotensión severa, sin perdidas sanguíneas por la herida quirúrgica, ni referencia por parte del cirujano de problemas técnicos. Se procedió a la reanimación del cuadro clínico y se realizó una serie de pruebas para averiguar la etiología de la hipotensión. Tras no encontrar ninguna causa se pensó en la posibilidad de una hemorragia por lesión vascular y se realizó una laparotomía exploradora, que no consiguió solucionar el problema al producirse una parada cardio-respiratoria. En la exploración posterior se comprobó la existencia de un desgarro de la vena y arteria iliaca derecha.

Los peritos de la acusación particular eran un matrimonio alemán (sus declaraciones no merecen comentario) y los doctores P.A. y A.C.

Entre las declaraciones del doctor P. A. figuran, textuales, las siguientes: “El neurocirujano es culpable porque no tenia el título oficial”, “el neurocirujano es culpable porque la enferma falleció”, “la alergia al látex no existe, y en todo caso es un esoterismo de los anestesiólogos”, “en la cirugía de la columna de la hernia de disco no pueden producirse problemas vasculares”, “en el Insalud no contrata a nadie que no sea especialista. Debe ser un problema de Andalucía, ya que estáis en la otra España”.

El Doctor C. antes de empezar su peritación, dice que no entiende cómo se puede permitir interrogatorios de este tipo (el fiscal, lo único que había hecho era desmontar un informe demencial del matrimonio alemán), y que él no va a permitir que le hagan lo mismo: “Lo que ha hecho el fiscal es acoso y derribo”, “nunca he visto nada parecido”, “esto es un absoluto corporativismo” (curioso corporativismo entre el fiscal y los médicos), “yo he sido director de Hospital, conozco bien a los médicos y ya es hora de desenmascararlos”.

Con respecto a la historia anestésica, que recogía todos los datos clínicos hasta el momento del accidente y posteriormente refería un amplio resumen de la reanimación: “Yo pediría un grafólogo, pues la letra es muy clara y esto significa que no se escribió el día del accidente. Se escribiría mucho después, cuando se conoció la denuncia”, “no sé por qué no se escribieron más datos, estarían jugando al mus”, “hubo mala praxis en la técnica anestésica y en la reanimación”, “la hoja de anestesia no refleja la realidad de lo que allí ocurrió”, “hay que recordar que a lo mejor el anestesiólogo estaba fuera fumándose un cigarro”, “no pudo existir un shock anafiláctico porque no hubo broncoespasmo”, “la hoja anestésica es una chapuza”.

Con respecto a la actuación del neurocirujano: “mala praxis en la técnica”, “una lesión vascular de ese tipo se tapona fácilmente con el dedo” (el perito alemán declaró que la podía taponar el portero de su casa), “en los toros se taponan estas heridas con los puños”, “cometió una grave negligencia médica”.

Con respecto al libro de quirófano, donde se recogen los datos horarios de la intervención quirúrgica y la historia clínica: “ésto no es un libro de quirófano, es una chapuza”, “siempre se pierden los documentos importantes, porque interesa perderlos”, “ante esto yo hubiese abierto un expediente y los echo a todos a la calle”. Con respecto al certificado de defunción: “es de juzgado de guardia”, “es una chapuza dentro de otra chapuza”.

En relación a que el neurocirujano tenía el título expedido en su país, en espera de convalidación en España (en ese momento estaba contratado como MESTO): “Si en mi época de director contrato a un médico sin título, me meten en la cárcel”, “no tiene homologado el título, por lo que ha cometido un delito”.

A preguntas del fiscal sobre si el accidente era previsible/evitable: “En el hospital que dirigí  nunca ha ocurrido esta complicación”, “los quirófanos no estaban bien preparados”. Ante la insistencia del fiscal sobre lo previsible/evitable: “no se ande con detalles tontos, no quiero contestar a esa pregunta”. Ante esta respuesta, el fiscal cortó el interrogatorio, explicando posteriormente que es incapaz de seguir interrogando a un perito, además forense, que no le da importancia a los términos previsible/evitable.

Los médicos implicados fueron absueltos y las declaraciones de ambos peritos duramente criticadas en la sentencia. Pero no siempre habrá un juez y un fiscal con la profesionalidad de los que intervinieron en este caso, y, a lo peor, declaraciones de este tipo pueden ayudar a una condena injusta. El Colegio de Médicos debería investigar estas declaraciones y actuar en consecuencia. Aunque las declaraciones son de un nivel en el que sobran los comentarios, los que estuvimos en la sala, médicos y abogados, sentimos una vergüenza e indignación difíciles de describir, aunque fáciles de imaginar.

Una condena penal supone al facultativo la inhabilitación, la posible pérdida de la plaza y en casos extremos la cárcel. Si el juez hubiese creído a estos peritos, podíamos habernos encontrado con todas estas consecuencias. No se pueden tolerar peritajes de este nivel, que demuestran un desconocimiento jurídico/médico extremadamente peligroso. La interpretación que de estas declaraciones realizó la prensa y su influencia en la opinión publica y en el prestigio del hospital implicado y sus profesionales es otro factor fundamental y de muy difícil rectificación.

Hay que abordar con urgencia el transfondo del problema. Los jueces que abordan posibles negligencias médicas deben ser asesorados sobre la lex artis del caso de que se trate, y eso sólo lo pueden hacer médicos especialistas. Los demás opinan sobre algo que leen, algo que le dicen, algo que han oído o algo que se inventan, pero nunca opinan sobre su experiencia en casos similares, sencillamente porque no la tienen. Y el que no tiene experiencia no debe peritar a base de leer, porque no está capacitado para saber qué fuentes consultar, ni para valorar la credibilidad de dicha información. Los que tienen que basar su peritaje en lo que leen, oyen o inventan son un auténtico peligro para que se descubra la verdad, lo que se agrava aún más si les mueven importantes gratificaciones económicas.

Pero no seríamos sinceros si dejásemos aquí la presentación del problema. En algunas ocasiones, los peritos de la misma especialidad tienden a defender a toda costa al compañero, lo que es fácil de comprobar cuando se asiste a juicios o se leen sentencias. Esto permite comprender sentencias aberrantes en uno u otro sentido, que en unas ocasiones crean desconcierto y medicina defensiva y en otras, sensación de impunidad. Si seguimos sin abordar esta problemática, nos vamos a encontrar con “peritos profesionales” en declarar contra médicos, que irán de juicio en juicio sin ningún tipo de prurito ni vergüenza y que en determinadas circunstancias puedan ser parte importante de condenas absurdas.

La solución es difícil, pero hay que abordarla con urgencia. Los Colegios Médicos deben asumir un papel importante en la credibilidad de las peritaciones. Hay que crear el clima que permita a los jueces creer en las peritaciones de los especialistas. A partir de ahí, no sé si habrá mas o menos médicos condenados, pero lo que si es seguro es que éstos serán, habitualmente, los culpables. Los que habiendo ejercido correctamente su profesión, han pasado por la pena de tres o cuatro años de “instrucción/banquillo”, podrán explicar, mucho mejor que nosotros, la importancia de este hecho.”

No solo en este caso han existido declaraciones periciales con conceptos anestesiológicos gravemente erróneos, existen otros igualmente llamativas, que  a veces han servido para condenar y otras para absolver al demandado. Con la lectura de las sentencias que expondremos al final del capitulo se comprenderá perfectamente lo expuesto.